En las sociedades democráticas, los ciudadanos participan del entramado comunitario cuando ejercen su derecho a la comunicación. Mediante esta práctica, hombres y mujeres de todas las edades ponen en juego su libertad de expresión y su derecho a la información.
Educar a los jóvenes para que ejerzan sus derechos los fortalece no sólo a cada uno como individuo sino que robustece al conjunto de la sociedad. Debido a su importancia, el ejercicio del derecho a la comunicación debe establecerse, especialmente en los países en vías de desarrollo, como un eje prioritario de sensibilización social.
Con este propósito por delante, la escuela se constituye en un ámbito privilegiado para promoverlo, dado que (aún a pesar de la profunda crisis que atraviesa) sigue siendo uno de los pocos escenarios donde los adolescentes comparten espacios en los cuales se "construyen" como actores sociales.
No se puede perder de vista, sin embargo que incorporar en la institución escolar un proyecto de comunicación que favorezca la participación muchas veces implica enfrentarse a estructuras rígidas, acostumbradas a reproducir su asilamiento, con grupos habituados al silencio y la apatía, con andamiajes sociales de incomunicación que dejan fuera la dimensión humana de todo aprendizaje. Por eso es importante comprende que es allí mismo donde se encuentra el desafío.
La incorporación de iniciativas de comunicación dentro del proyecto educativo puede ser abordada desde diferentes perspectivas. Sin embargo, si son los mismos estudiantes quienes a través de la elaboración de producciones mediáticas propias ponen en juego sus potencialidades y la responsabilidad que el ejercicio del derecho a la comunicación conlleva, las posibles estrategias se ven ampliamente superadas.

La Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es ley en Argentina y en todos los países del mundo - menos Estados Unidos y Somalia - establece que en todas partes los adultos, incluidos los medios de comunicación y las instituciones del Estado como la policía, el poder judicial, la escuela y el hospital, están obligados a escucharnos y tener en cuenta las opiniones de niños, niñas y jóvenes.